INTRODUCCIÓN
Inútil y con un gran coste personal en el verano del 2010 denuncié la prohibición antiestatutaria, irregular y autoritaria para la celebración de primarias en el PSOE de Málaga, donde me presentaba, y de Andalucía, mientras tenía lugar en el resto de España. Hube de abandonar el PSOE ante el expediente de expulsión que se me abrió y fui cesado caciquilmente del puesto que como funcionario de carrera de la Junta ocupaba en la administración autonómica.
Al día de hoy, a pesar de las sentencias judiciales que me han sido favorables, desde el pasado mes de octubre es firme, aún la Junta no se ha dignado a ejecutarla. Además, se me debe indemnizar por el diferencial salarial desde enero del 2011 hasta el momento en que se me restituya al mismo puesto, más los intereses devengados.
El cese en el puesto de funcionario fue ordenado extraadministrativamente por Miguel Ángel Heredia, sin ocupar ningún puesto en la administración. Heredia, es secretario general del PSOE malagueño, lleva diecinueve años de diputado y es el tercero en el grupo de diputados socialistas que comanda Pedro Sánchez.
Heredia, instó mi cese en el puesto de funcionario que ejercía mediante llamada telefónica que realizó a Juan Carlos Lomeña, entonces delegado de Empleo de la Junta de Andalucía, lugar donde ocupaba la plaza. El telefonazo lo hizo a las 14 horas y 10 minutos, vísperas de Navidad, 23 de diciembre del 2010, pillándole al delegado de Empleo en la Estación de Cártama. Retornado a su despacho, me localizó a pesar de encontrarme de vacaciones desde hacía dos semanas, citándome para comunicarme la decisión.
Sabía que el delegado Lomeña en ese momento se hallaba ya en el punto de mira político de Heredia, y si no me destituía a mí, lo cesarían a él en su cargo, hecho que por cierto se produjo cinco meses después. En este sentido, le recomendé en aquel preciso instante que no fuera él quien firmase mi cese ya que lo pondría de inmediato en conocimiento de los tribunales de justicia por presuntos delitos de prevaricación, -era injusta y sin motivar a efectos administrativos-, con desviación de poder y realizada por obediencia indebida a un órgano partidario ajeno a la propia administración.
Lógicamente, interpuse la denuncia correspondiente que la Sala de lo Contencioso del TSJA me ha dado la razón con la obligación de mi restitución, quedando la vía civil y penal abiertas.
Esta persecución laboral y funcionarial quedaría parcialmente explicada por mi presentación a unas primarias que por hacerlo fueron prohibidas, si no se explica su antecedente.
Dos años antes, también había sido cesado, pero en el cargo de delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Esta vez, sí me lo comunicó personalmente el propio secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Heredia. Él estaba recién nombrado secretario provincial del PSOE. Fue el martes 8 de septiembre del 2008, a las 12 de la mañana, cuando estaba trascurriendo la reunión del Consejo de Gobierno que abordaría ese asunto como exigencia suya.
En la tensa conversación mantenida con Heredia, le reproché sobre la marcha la confusión impropia que tenía de los temas de Gobierno de la Junta mezclándolos con los de Partido.
Enterada de esa indebida llamada, la Consejera, Cinta Castillo, que un mes antes me había ratificado en el cargo a pesar de mi oposición para seguir, precisamente por los años que llevaba de tensión con la ejecutiva provincial del PSOE, entonces en manos de Marisa Bustinduy, madrina política de Heredia, tardó tres horas, tras la finalización del Consejo de Gobierno, para comunicármelo, debido al bochorno y apuro que le suponía haberse adelantado un secretario provincial del PSOE en una cuestión de competencia exclusiva suya y del Gobierno andaluz. Normalmente, a los delegados se les comunica su cese o nombramiento por los Consejeros de la materia antes de que se inicien los Consejos de Gobierno.
Después, me enteraría que mi fulminante cese como delegado provincial y las prisas que tenía Heredia en que se conociera públicamente, fue debido a su pacto con los varios alcaldes y ediles socialistas que estaban procesados o imputados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, que, a cambio de sus apoyos orgánicos para que accediera a la secretaría general en la batalla que mantenía contra su rival, el historiador Fernando Arcas, le exigieron que aconteciera mi decapitación política a la mayor brevedad posible.
Me achacaban los imputados y procesados que aplicaba con rigor contra ellos la legalidad vigente en materia ambiental y urbanística, no que hubieran concedido licencias ilegales o modificaciones indebidas y no comunicadas de elementos de sus respectivos planeamientos en plena época del boom inmobiliario.
Asimismo, Heredia, como diputado, y Bustinduy, en calidad de secretaria provincial del PSOE que ejercía con anterioridad, habían hecho oídos sordos a mis advertencias sobre la ilegalidad de la macrourbanización, `Los Merinos Norte´ del municipio de Ronda, llegando por el contrario ambos a un pacto municipal con el entonces alcalde del PA que lo había aprobado contra los informes que oficialmente le remití. Este alcalde rondeño, junto a los intereses inmobiliarios de esa promoción urbanística, pedían incesantemente mi destitución como delegado de Medio Ambiente por mi oposición legal a esa barbaridad antiambiental a ejecutar en pleno medio natural virgen y a siete kilómetros de la ciudad.
Una vez cesado de ese puesto de delegado provincial, en mi reincorporación funcionarial se me negaron de forma irregular durante seis meses las plazas de funcionarios que solicitaba y que debieron serme concedidas por mérito, capacidad y puntuación en el baremo, en tanto el alcalde del PA como tránfuga entraría en el PSOE, junto a los demás ediles andalucistas presentes en el ayuntamiento de la Ciudad del Tajo.
Dos años después, dicho tránsfuga perdería la alcaldía de Ronda en las municipales del 2011 y dos meses más tarde de esa debacle sería detenido por la policía judicial en la operación “Acinipo” por graves delitos de prevaricación y de tráfico de influencia por su urbanismo.
En el 2014, se encontrarían pruebas, en la investigación judicial que se sigue sobre la trama de corrupción política en Cataluña, que la citada promotora de la macrourbanización rondeña, “Los Merinos Norte”, con fuertes intereses empresariales catalanes, pagaba comisiones a los Pujol por diversos “asesoramientos”. Asimismo, la revista que me ponía a parir durante todo ese tiempo e incluso posteriormente a mi cese como delegado, «La Gaceta de Ronda», correspondía al propio alcalde transfuga y estaba pagada por la promoción de la citada Macrourbanización.
También en la primavera del 2008, cinco meses antes de ser cesado como delegado de Medio ambiente, hubo una reunión de diversos empresarios de la construcción convocados por los de «Merinos del Norte» al objeto de debatir medidas a tomar para provocar mi cese como delegado, por mi oposición al urbanismo salvaje y a la aprobación de ciertos planeamientos que multiplicaban por cinco y hasta por diez las poblaciones existentes en algunas localidades.
Tiempo después, he tenido conocimiento sobre detalles del contenido de esa reunión conspirativa contra mi persona, y que iban desde vigilar mi vida personal para sacar públicamente cuanto consideran oportuno o se inventaran, hasta presionar al PSOE para provocar mi cese, aprovechando el enfrentamiento entre ambas partes existente a nivel provincial.
LA JUNTA NO CUMPLE
IGNACIO TRILLO, ESTE JUEVES, HA VUELTO INSTAR AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE) A REINCORPORARLO EN SU PUESTO DE FUNCIONARIO
TRAS SOLICITADO PREVIAMENTE SU ABOGADO AL JUEZ DE MÁLAGA QUE ACTÚE CON TODOS LOS MEDIOS LEGALES A SU ALCANCE CONTRA LA ALTA DIRECCIÓN DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AL NO EJECUTAR LA SENTENCIA INSTA A RESTITUIRLO EN SU PLAZA DE TRABAJO.
La Junta de Andalucía no cumple las sentencias judiciales
Ignacio Trillo, economista y funcionario de carrera en dos Cuerpos de la administración autónoma por sendas oposiciones aprobadas en la primera oferta pública de empleo que tuvo lugar en nuestra Comunidad Autónoma, que además fuera delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, y antes en Sevilla, director general en la consejería de Agricultura y Pesca, ha solicitado de nuevo por escrito que ha registrado este jueves, veintitrés de julio, en las dependencias de la Junta de Andalucía en Málaga, su reincorporación inmediata al puesto de trabajo del que fue cesado en enero del año 2011.
En este sentido, por medio del citado escrito, Ignacio Trillo, ha trasladado de nuevo a la Junta de Andalucía el estricto cumplimiento del fallo judicial contenido en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7, en los autos nº 167/2011, confirmada en apelación por la Sala del T.S.J.A., en virtud del cual se condena a la administración autónoma a que se reponga al actor en el puesto del que fue indebidamente cesado, con abono de las diferencia entre las retribuciones percibidas y la que debió percibir de haber permanecido en el puesto, con sus intereses legales desde la fecha de presentación de la demanda, así como al pago de las costas causadas en el recurso de apelación.
La Junta, burla el principio de legalidad
Asimismo, Ignacio Trillo prosigue en el citado escrito que: “tras constatar que han resultados inútiles los cuatro requerimientos que -por mi propia persona (con fecha de 25 de noviembre de 1994, nº de registro de entrada 909/51585) por mi defensa jurídica y en dos ocasiones por el propio órgano judicial- han sido efectuados a la Junta de Andalucía desde que hace nueve meses se dictó la sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que, confirmando la dictada en la instancia, declaraba nulo el cese en su puesto de funcionario acontecido en enero del año 2011, y donde se instaba a mi reincorporación inmediata al puesto de trabajo por el que fui ilegalmente cesado, con derechos, efectos económicos y compensaciones retroactivas desde el instante en que se produjo mi destitución”.
En ese mismo escrito dirigido por Ignacio Trillo a la dirección del SAE, ha puesto en conocimiento de la administración de empleo autonómico que su defensa jurídica ha solicitado del juzgado de Málaga que enjuició el caso, en escrito presentado el pasado viernes diecisiete de julio, que en aras a la ejecución de sentencia ante la demora inexplicable e inexplicada que está sufriendo, exija a la Junta de Andalucía su participación para que sean identificados los responsables del incumplimiento sobre lo dictado, de cara a que recaiga sobre ellos, con posible deducción de testimonios por la comisión de delitos contra la Administración de Justicia en que pudieran estar incurriendo. Y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que procedan por el perjuicio que con esta conducta, rebelde al cumplimiento, se está causando el erario autonómico, pues no se olvide que mientras el tiempo sigue pasando y se persiste con esta injustificable dejación de funciones, aumenta considerablemente el importe de las diferencias retributivas que tendrán que ser satisfechas, con el efecto devastador que se está causando a la tesorería pública por la injustificable inacción de los responsables de esta órgano.
En el mismo sentido, Ignacio Trillo comunica además, en el escrito registrado hoy en la Junta de Andalucía, que en el ruego dirigido por su defensa jurídica, el pasado viernes, diecisiete de julio, al juzgado de lo Contencioso Administrativo, número siete, “se hace constar que los responsables de hacer ejecutar esta sentencia en la Junta de Andalucía, ni siquiera se han dignado a contestar o explicar las razones por las que desoyen los requerimientos judiciales y no dan cumplimiento al fallo, máxime tratándose de la obligada reincorporación a mi puesto de trabajo en una plaza de funcionario, cuya negativa o inactividad para el no cumplimiento de la orden judicial viene ocasionándome graves daños y perjuicios, a añadir a los que acumulo en la carrera administrativa desde que fui cesado indebidamente, hace ya más de cuatro años y medio, por autoridad incompetente, de mi puesto de funcionario que ejercía, en concreto en la plaza de director del Área Territorial de Empleo de Málaga capital”.
Hasta los leones del escudo de Andalucía olfatean que atravesamos malos tiempos para la profesionalización de las administraciones públicas de cara a estar siempre al servicio del interés general, y sí, por el contrario, está siendo una época para el abuso partidista, el sectarismo y para su instrumentalización por los mediocres de turno, gérmenes que favorecen las prácticas caciquiles, así como la corrupción política y económica.
Y tampoco debe caer en olvido, recuerda Ignacio Trillo, que la sentencia que se resiste a cumplir la Junta de Andalucía no solo le obliga a reincorporarlo y abonarle las antedichas diferencias retributivas, sino que además, y como expresamente lo solicitó, la Justicia los actos dictados por la dirección del Área Territorial de Empleo de Málaga capital podrían estar viciados desde su cese del puesto de trabajo por nulidad absoluta así como los nombramientos ulteriores a su destitución habidos en el citado puesto de trabajo, por lo que le cabría ejercitar otras acciones judiciales, incluidas las penales, contra la máxima autoridad en materia de Empleo de la Junta de Andalucía porque serían procedentes por vulneración a sabiendas de varias leyes.
Málaga, 24 de julio 2015.
Así lo informa diario «El Mundo»
Y de esta forma, «El Confidencial Digital», de edición nacional:
«Un ex cargo de la Junta exige su reincorporación después de que el Tribunal Superior de Justicia anulara su cese»
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Ignacio Trillo 
Posted on julio 24, 2015
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