EL CASO JUDICIAL DE LA CEMENTERA DE LA ARAÑA (21.07.2012)

Posted on julio 24, 2012

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EL CASO JUDICIAL DE LA CEMENTERA DE LA ARAÑA

Ignacio Trillo

Aunque sea muy difícil sorprenderse a estas alturas de algo, pareciera no obstante que cada día supera al anterior. También ocurre en la justicia y no con ello voy a volver a repetirme con los casos Baltasar Garzón o Carlos Dívar. No se trata nada de ellos, ni que se le parezca.

El hecho es que después de casi cuatro años que dejara la responsabilidad ambiental provincial de la Junta me encuentro con una sentencia que hasta Frank Kafka tendría problema de interpretar.

Tras décadas de haberse permitido construir viviendas alrededor de unas instalaciones potencial y realmente contaminantes, una Cementera de principios del siglo XX, sito en la zona Este de la capital malagueña, en cuyos aledaños se encuentra igualmente una inmensa cantera que le sirve para la materia prima, la sala de lo contencioso administrativo del TSJA, en denuncia presentada por una Asociación de vecinos de los que precisamente vinieron después a asentarse en el lugar y sabían dónde compraban sus casas y parcelas, pero con el lógico y constitucional derecho que les asiste de respirar un aire sano e impoluto, anula la licencia municipal que permitía a la fábrica, que no quiere trasladarse de su emplazamiento histórico, atosigada por las instituciones y las protestas de los del lugar, encarar una inversión por encima de los cien millones de euros de cara a reducir a más de la mitad sus emisiones a la tmósfera y así adelantarse a futuras exigencias legales, tanto autonómicas, españolas como europeas.

Dicha sentencia, declara ilegal la licencia municipal nueve años después de que el ayuntamiento de Málaga la concediera y con la reforma de las instalaciones ya realizada. 

A la fábrica, que viene recogida en los planeamientos desde tiempos de maría castaña, la sitúa como estuviera fuera de ordenación.

Sin entrar, por no haber sido competente en la materia municipal, si esos suelos en la actual clasificación como industrial responden a la calificación requerida, o debería haberse abordado un plan especial municipal para la ordenación del espacio, que incluyera instalaciones, cantera, viales y equipamientos públicos como zonas verdes exigibles, pero nunca sería para calificarlos como asimilable a clandestina o fuera de ordenación si se contemplan los planos existentes en los PGOU, por lo menos desde 1982 hasta la actualidad que son los que conozco.

A su vez, la resolución judicial, entra en sentenciar cómo se tenía que haber llevado a cabo el procedimiento ambiental de la reforma de la fábrica, sin tan siquiera haber requerido al órgano administrativo de la Junta de Andalucía, competente en la materia, ningún informe o solicitud de aclaración de qué normativa y por qué se había aplicado, y si se había omitido algo.

Así, sale un churro el análisis que realiza esa resolución judicial desde la perspectiva legal ambiental, instando a la aplicación de normativas ya derogadas, o dando a entender la exigencia de otras con carácter retroactivo (principio anticonstitucional); y como culminación: toda un compleja decisión que se ha seguido, acorde con las normativas europeas, de seguimiento, mediciones, y controles de las emisiones, para la aprobación de la reforma efectuada, es calificada como actos de fe.

El caso es que hasta los propios ganadores de la sentencia, que por cierto sí dejaron claro en su CV que se vanaglorian también de haber parado durante un tiempo la ampliación del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, al que le ha pillado con ese retraso la actual crisis, con instalaciones frustradas de última generación y sin contaminación alguna relacionadas con el conocimiento y las tecnologías de la información, cuando no de energias renovables u otras ambientalmente de lo más sostenibles, en su comparecencia manifestaron a preguntas de periodistas no profanos en la materia que no tenían claro cómo se podía ejecutar esta sentencia sobre la Cementera de la Araña así como de sus consecuencias.

Lo anterior lo expreso, rehuyendo de cualquier demagogia populista, que hubiera sido sumarme a la manifestación, ahora que estoy liberado de la carga de la responsabilidad, o haciéndome el longui con el silencio, pero nunca fue mi estilo. Por el contrario, no he dudado en entrar en lo que se ha dictado, lanzando a los medios un comunicado para llamar al pan, pan y al vino, vino, en lo que entiendo que es un desatino, sobre todo en lo referente a entrar en los aspectos competenciales autonómicos, en ausencia de esa administración de la Junta que ha guardado silencio, para que pudiera dar lugar a un recurso de incidencia sobre esa sentencia por su extralimitación.

Sin embargo, la administración tan citada en la sentencia, Junta de Andalucía en Málaga, tal vez más preocupada en los nuevos nombramientos o porque “el marido de la Loli” sea de fiar, parece que no sabe, no contesta y mira a otro lado como si no fuera con ella.

He aquí, mi comunicado:

LA SENTENCIA DEL TSJA SOBRE LA CEMENTERA DE LA ARAÑA NO TIENE NI PIE NI CABEZA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL

RESULTA DE LO MÁS EXTRAÑO QUE UNA SENTENCIA QUE RESPONDE A UN RECURSO SOBRE UN ACTO MUNICIPAL ACABE ENJUICIANDO UN PROCEDIMIENTO AMBIENTAL SIN QUE SEA REQUERIDA LA PRESENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE NI SE LE SOLICITE INFORME

APLICAR EL REGLAMENTO DE 1961, QUE FIJABA LAS DISTANCIAS DE LAS ACTIVIDADES MOLESTAS RESPECTO A LAS POBLACIONES, COMO EXIGE LA SENTENCIA, Y QUE FUE DEROGADO EN ANDALUCÍA EN 1995 Y A NIVEL ESTATAL EN EL 2007, RESULTA CUANDO MENOS UNA ABERRACIÓN JURÍDICA. SU EXIGENCIA POR PARTE DE LA JUNTA HUBIERA SIGNIFICADO PREVARICACIÓN O UN ACTO NULO DE PLENO DERECHO.

LA LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA, CON ENTRADA EN VIGOR EL 01.09.1994 NO SE PUEDE APLICAR CON CARÁCTER RETROACTIVO LA NORMA PARA EVALUAR AMBIENTALMENTE INSTALACIONES YA EXISTENTES. SU REQUERIMIENTO HUBIERA SIGNIFICADO IGUALMENTE PREVARICACIÓN O UN ACTO NULO DE PLENO DERECHO.

LA INNECESARIEDAD DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL O LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA, EMITIDAS POR MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, NO SON ACTOS DE FE, COMO EXPLICITA EL AUTO, SINO ACTOS LEGALES. Y EN ESTE SEGUNDO CASO, UN EXHAUSTIVO CONDICIONADO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO QUE FUERZA A SU SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA VEZ QUE SU INOBSERVANCIA GENERA, DESDE UN EXPEDIENTE SANCIONADOR AL POSIBLE CIERRE DE LAS INSTALACIONES.

En relación con la sentencia del pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), emitida el pasado 18 de junio aunque hecha pública ahora, sobre el recurso interpuesto por la Asociación de Vecinos de El Candado contra la licencia del ayuntamiento de Málaga a la Cementera de La Araña en el año 2003, de cara a posibilitar la reforma de sus instalaciones para su modernización y bajada drástica de la contaminación, cuanto menos, puede tacharse, desde la perspectiva de la legislación ambiental “plagada de despropósitos” -donde el tribunal califica tangencialmente el procedimiento ambiental seguido, puesto que el objeto era una cuestión municipal, sin haber requerido  en ningún trámite judicial del caso la personación del órgano ambiental autonómico, ni petición de informe alguno, generando un absurdo final- porque llega a ignorar hasta la vigencia en el tiempo de las normas ambientales a aplicar en cada momento, confundiendo las que están en vigor con otras derogadas.

En conclusión, el contenido del auto ahora dictado por el TSJA, de haberse atenido el expediente de la Junta sobre la referida Cementera en su tramitación ambiental a las indicaciones y aseveraciones que en esta materia dicta el comentado auto, se hubiera actuado de forma irregular e ilegal por la autoridad ambiental encargada de emitirlo, resultando, ante un recurso interpuesto por cualesquiera de los actores que se pudiera sentir afectado, la plena nulidad del acto administrativo, y paradójicamente así podría haber sido sentenciado por otro tribunal de justicia.

Paso a desarrollar estas afirmaciones:

1ª La referida resolución judicial del TSJA, con todos los respetos pero disintiendo sobre todo de las referencias ambientales, responde a un recurso de la citada Asociación vecinal interpuesto sobre un acto de la administración local de Málaga, la licencia municipal a la reforma de la Cementera, no de ningún acto realizado por la administración ambiental autonómica.

Por tanto, la Junta de Andalucía no ha estado presente en las diversas fases judiciales de este sumario como administración ambiental andaluza, ni se le ha requerido argumentación ni informes que hayan servido de explicación a los procedimientos ambientales que se han seguido con esta instalación cementera, lo que sobradamente se nota en los gruesos contenidos inexactos de la resolución judicial. Sin embargo, la administración ambiental autonómica aparece desautorizada en el auto judicial por la tramitación seguida, incluso con velada apreciación de presunta omisión, sin ser ni tan siquiera escuchada, lo que es fácil deducir por tanto una posible extralimitación del auto sobre la materia que planteaba el recurso.

De otra, sírvanse unos ejemplos sobre las explicitaciones erróneas ambientales recogidas en el contenido de la sentencia:

2).- En pleno junio del 2012 en el que ha sido dictada esta resolución judicial, se hace referencia en el auto a la distancia mínima que debería estar la fábrica de cementos de la Araña de la población -sin entrar en la casuística, de que sí existió primero el huevo o la gallina, o sea las casas o la Cementera- fijándola en 2.000 metros.

Lo argumenta la resolución judicial dictada, en base al artículo 4 del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, firmado por Francisco Franco y Luis Carrero Blanco, por el que se aprobó el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (RAMINP).

Pues bien, hay que decir que este Reglamento, atendiendo a los cambios tecnológicos introducidos desde tan pretérito tiempo en los establecimientos potencialmente contaminantes, por presuntas afecciones sanitarias y de seguridad de las poblaciones, fue derogado en la CCAA andaluza, que tiene la competencia con carácter exclusiva en esta materia, en 1995, mediante el Decreto 297/95, de 12 de diciembre por el que se aprobó el Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Así pues, desde esa ya lejana fecha de 1995 no es válido el criterio de distancias para definir la afección ambiental de unas instalaciones.

Igualmente, a nivel estatal, se derogó el citado Reglamento de 1961, el 17 de noviembre del año 2007, con la entrada en vigor de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera acordes y exigida por la normativa de la UE.

Por tanto, de haber aplicado la autoridad provincial ambiental andaluza, tal y como recoge el auto, esta norma a la Cementera de la Araña, el acto administrativo, aparte de prevaricador, hubiera sido nulo de pleno derecho.

3:-Insinua el auto, implícitamente, del mismo modo, que una actividad, la de la Cementera aludida, que ha sido puesta en funcionamiento décadas antes a la entrada en vigor de la Ley de Protección Ambiental 7/1994 de Andalucía, con fecha 1 de septiembre del 1994, le puede ser de aplicación esta norma, contraviniendo la transitoria de esta Ley así como el principio de irretroactividad constitucional en la exigencia y por tanto el cumplimiento de la misma.

Así, en el caso de que se le hubiera exigido por la Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Málaga a la Cementera de la Araña una Evaluación de Impacto Ambiental,  como plantea el auto dictado ahora, en base a que, si producía antes una contaminación, por ejemplo de 100, dentro de los límites tolerables por la legislación vigente (que no había podido ser objeto de Evaluación de Impacto acorde con esa Ley porque existía la fábrica antes que la norma), y con los cambios “sustanciales” a introducirse en sus instalaciones iba a reducirse a 40, ¿qué iba a evaluarse como nuevo impacto negativo? ¿que pasara de 100 a 40 la mejora sustancial de la calidad del aire iba a ser negativa en sus afecciones? Eso, por obviedad no es objeto de exigencia de una tramitación evaluadora, ni en Mlaga ni en ningún otro lugar.

En este sentido, la norma ambiental andaluza exonera la Evaluación Ambiental a aquellas instalaciones puestas en funcionamiento con anterioridad a la puesta en vigor de la Ley ambiental cuando es obvia la mejora respecto a lo existente dentro de los parámetros tolerables y contenidos en la legislación vigente, llamándolo además en la norma andaluza referida: innecesariedad de dicha Evaluación.

Igualmente, no es un acto de fe como dice el auto judicial, sino que es de obligado cumplimiento esos parámetros que se declaran para justificar la Reforma y que se contiene en el proyecto de transformación de la fábrica que son, en la aprobación de su realización por la autoridad ambiental, transcritas en la motivación exigible para declarar esa innecesariedad.

Por tanto, si se hubiese planteado esa Declaración de Impacto, tal como indica el auto, se hubiera forzado la norma jurídica pudiéndose haberse tachado de acto discrecional o arbitrario de la administración autónoma respecto a o otros referentes de proyectos similares donde los informes de los técnicos medioambientales han ido en la dirección de resolver con una resolución administrativa de innecesariedad de la Evaluación Ambiental.

4).- No obstante, lo anterior no significó que en aquellas fechas, con la entrada en vigor de LEY 16/2002, de 1 de julio, acorde con la nueva normativa y plazos exigibles por la Unión Europea, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se exigiera a la Cementera de la Araña la obligación de contar, por parte del órgano ambiental autonómico, de la Autorización Ambiental Integrada a todo su funcionamiento e instalaciones, al ser una fábrica potencialmente contaminante con emisiones superiores a 500.000 Tms/año, tal como fija, como requisito para estar incluida en esa obligación, la nueva normativa que inmediatamente después a esa reforma entró en vigor, al igual que se hizo entonces a otras 61 instalaciones más, esparcidas por distintos puntos de la capital y provincia malagueña, del mismo modo consideradas potencialmente contaminantes y registradas.

Eso hizo que se evaluara, cuantificara, y fijara a esta fábrica de cemento unos límites de contaminación para distintas magnitudes que no podían ser superados, así como otras medidas de corrección, acorde con lo establecido en esa legislación específica, a la vez que se llevaría a cabo con carácter permanente un seguimiento y control de su funcionamiento y afecciones a la calidad del aire, por tanto nada que ver con ningún acto de fe como señala el auto del TSJA, más teniendo en cuenta lo siguiente:

5.-) La Cementera de la Araña está conectada en todos sus focos de emisión directamente on line en tiempo real con los ordenadores de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga y con su Consejería en Sevilla para ir conociendo en todo momento sus niveles de emisiones. Por tanto, es seguido al segundo sus niveles de contaminación y su información es pública, puede acceder quien lo desee, tal y como se ha informado a la prensa en numerosas ocasiones a la vez que de sus balances anuales, que incluso tuve la oportunidad de presentar más de una vez ante los medios, y también se ha proporcionado por parte de los técnicos de la Delegación de Medio Ambiente atendiendo a la solicitud de los representantes de los vecinos del entorno.

Asimismo, en mi época de gestión se llevaron a cabo a la Cementera de la Araña controles extraordinarios, más allá de lo exigible por la normativa en vigor, sobre emisión e inmisión, a efecto de disipar y neutralizar, con fundamentos cuantitativos sobre los contenidos que emitía, cualquier alarma social en el entorno.

Es más, se ha requerido información al Distrito Sanitario de la zona por si se hubiera contemplado entre la población circundante a esa fábrica algún episodio específico producto de esa fábrica relacionado con la salud de las personas, siendo la respuesta de la Consejería de Salud totalmente negativo.

5).- Manifestar que este tipo de expedientes como el relacionado con la Reforma de la Fábrica Cementera de la Araña, en lo que se refiere a la vertiente de la innecesariedad de la Declaración de Impacto Ambiental o en la exigencia por la Junta de Andalucía de contar con la Autorización Ambiental Integrada, no cabe discrecionalidad ni intervención política alguna, ni provincial ni regional, sino el cumplimiento estricto de la legalidad vigente de cada momento, acorde con los informes emitidos por los técnicos ambientales del Servicio de Protección y Prevención Ambiental de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta en Málaga, llevado por magníficos profesionales, a los que nunca durante mi etapa de gestión se puso por autoridad política alguna, provincial o regional, ningún reparo o interferencia en su obligado quehacer.

6).- Por último, y en aras a la mayor transparencia y exhaustividad sobre este tema, manifestar que, a la vez que ordené, como hecho de total normalidad y al que estaba obligado, la exigencia estricta del cumplimiento de la normativa cambiante que en cada momento estuviera en vigor y le fuera de aplicación a la Cementera, en pleno desarrollo nacional y regional de las nuevas normativas europeas, mantuve además, y fue criterio exclusivamente personal, insisto, durante el periodo de mi gestión ambiental, el criterio de apoyar un traslado de la Fábrica de cemento de La Araña a otra ubicación, en concreto en el municipio de Antequera. Así se lo comuniqué a los concejales de Medio Ambiente del ayuntamiento de Málaga, primero a doña Ana Rico y luego a doña Carolina España que le continuó, con las que tuve distintos encuentros para tal fin, así como se lo transmití a los titulares de la fábrica, para que, aprovechando cambios o revisiones en el planeamientos de Málaga, se llegase a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Málaga y la propiedad de esta fábrica para su posible ubicación y traslado en la centralidad de Andalucía. Se habló en concreto de Antequera, donde la titularidad de la fábrica de La Araña llegó a tener un proyecto de instalar allí de una segunda fábrica cementera que presentó a aquella Corporación local, e insté a que se aprovechara de las buenas comunicaciones del municipio de Los Dólmenes con el resto de Andalucía, también con el Puerto de Málaga, para realizar una gran instalación que acogiera igualmente la de Málaga. Pero la titularidad acabó retirando su proyecto en el municipio antequerano y no aceptó su traslado del espacio histórico que desde principios del siglo XX mantuvo en La Araña,(el proceso uebanizador en sus cercanías se iniciar´´ia a partir del año 1964) tomando, por el contrario, la decisión de realizar en su fábrica de Málaga una fuerte inversión muy por encima del centenar de millones de euros, objeto de la Reforma aludida, de cara a disminuir sus niveles de emisión e irse adelantando siempre a las nuevas exigencias normativas, europeas, españolas y andaluzas. Asimismo, para controlar y dirigir el proceso urbanizador hacia la fábrica sobre los suelos aún no construidos, la Cementera de la Araña adquirió a la Autoridad Portuaria del Puerto de Málaga que era su dueño los terrenos colindantes a la instalación y a la cantera existente. .

Nota adicional: Este comunicado lo llevo a cabo en cuanto entiendo que es obligación ante la sociedad malagueña que cualquier servidor público, o quién lo haya sido como es mi caso, en el desempeño de tareas de gestión en la materia ambiental aludida en el auto comentado, rinda siempre cuenta de los actos ejecutados, acertados o no, dando las debidas explicaciones con total transparencia y el rigor de hasta donde se puede llegar.

Más en mi caso, donde nunca hube de ocultarme ante nada y ante nadie, con mi conciencia bien tranquila y la satisfacción por el trabajo realizado, ambas cuestiones que las considero intactas, como servidor de la salvaguarda del interés general.

Lamento, no obstante que no hayan sido los actuales responsables de la Junta en Málaga o en Sevilla quienes en los momentos de conocerse los contenidos del auto referido no hayan salido a dar las explicaciones debidas, lo que, por el contrario, por mi parte sí que me he sentido obligado por mi compromiso siempre con la ciudadanía malagueña en hacerlo.

 Ignacio Trillo, exdelegado de Medio Ambiente en Málaga de la Junta de Andalucía. Málaga, 21 de julio 2012

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