¿PUEDE EL CASO “ERE” ARRUINAR AL PSOE-A? (25.04.2012)

Posted on abril 25, 2012

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 ¿PUEDE EL CASO “ERE” ARRUINAR AL PSOE-A?

Ignacio Trillo

Este martes se ha producido el encarcelamiento del que fue Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, por el caso de los ERE.

Hay que recordar que otros dos imputados ya se encuentran en prisión por este mismo caso: el ex-Director General de Trabajo de la misma Consejería, Javier Guerrero, que destapó el caso, en cuanto denominó “fondos de reptiles” a importantes cantidades económicas de ayudas públicas que escapaban a la fiscalización del ente autonómico, y su chófer, Francisco Trujillo, beneficiario a la vez que familiares de varios ERE.

En el mismo día, se ha producido un insólito comunicado, firmado por relevantes cargos públicos y orgánicos socialistas de la provincia de Cádiz, cerrando filas en solidaridad con el último encarcelado, Antonio Fernández, y achacando su actual estado judicial a una maniobra de persecución procedente de “la derecha más reaccionaria”.

http://www.diariodecadiz.es/provincia/detail.php?id=1241507#opi

El encarcelamiento de Fernández ha sido debido al auto de la jueza Mercedes Alaya, enmarcado lógicamente en el Estado de Derecho. Viene motivado y fundamentado en setenta y siete folios. Recomiendo su lectura exhaustiva a quienes comenten el caso, de cara a que opinen y se posicionen con rigor, empezando por los citados socialistas gaditanos.

La investigación judicial parte de un Convenio Marco que data del 17 de julio del 2001, suscrito entre la Consejería, que tenía por entonces las competencias de Empleo, y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), -(firmado por Antonio Fernández, Presidente del citado Instituto, a la vez que Viceconsejero de Empleo, y que, como inmediato superior jerárquico tenía al Consejero, José Antonio Viera)- tendente, según el referido auto judicial, a: “eludir ilícitamente los controles de la intervención de la Junta de Andalucía en ayudas públicas y por consiguiente agilizar los pagos de las mismas”.

En el mismo auto de la jueza Ayala, cuyo eje transversal es que “la política no puede ir contra la Ley y el Derecho”, desfilan por su texto toda una serie de personajes de cierta significación socialista, aun pendientes de declarar, unos más importantes que otros, con mayor o menor implicación en el caso, que sin prejuzgar la presunción a su inocencia sí pueden ser objeto de próximas citaciones para comparecer ante el juzgado número 6 de Sevilla de cara a continuar la instrucción del procedimiento. Así, entre otros destacan: otro Viceconsejero de Empleo, otro Director General de Trabajo, dos delegados provinciales de Empleo de la Junta, varios alcaldes y concejales socialistas, parlamentarios socialistas…

La Fiscalía Anticorrupción ha considerado a Fernández, responsable de la concesión de 646 millones de euros en ayudas ilícitas con cargo a un programa presupuestario que escapó a la fiscalización de los propios órganos de la Junta.

La jueza fija la entrada en prisión provisional sin fianza de Antonio Fernández porque cree que ante la especial gravedad de los delitos cometidos hay riesgo de fuga, así como que puede entorpecer la investigación. Se le imputan a Fernández seis delitos (cohecho, falsedad en documento mercantil, continuada malversación de fondos públicos, prevaricación continuada con absoluto desprecio al Derecho y prolongado en el tiempo, fraude continuado de subvenciones para la obtención indebida de ayudas públicas, y negociaciones prohibidas a funcionarios), donde, sólo por el de malversación de fondos públicos por importe cercano a los 500 millones de euros, entre ayudas sociolaborales y directas a empresas, el auto explicita que el imputado podría ser condenado a 18 años de cárcel.

Un resumen del auto se puede leer en este enlace de El Diario El País:

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/24/andalucia/1335262716_039543.html

Habría que resaltar aquí, que, en los casos de corrupción o de presunta corrupción política que se presentan, la actuación de los partidos debería ser: tolerancia cero. Se trate del Gürtel, del Brugal o de los ERE. O, situándolos más cerca, en la geografía malagueña, se den: en el PP de Alhaurín el Grande, en el PSOE de Ronda, en IU de Manilva o en el PA de Cortes de la Frontera, por hacer referencia a casos recientente sucedidos.

Pero no siempre los partidos políticos reaccionan correctamente y en el preciso momento en que se producen estos escándalos. Por el contrario, en la inmensa mayoría que se les presentan, reaccionan tarde o no lo hacen. Realizan lo inverso a sus propios códigos éticos indican, de ahí que ahonden en el divorcio existente entre clase política y ciudadanía, mayor aún en época de crisis.

Lo de los ERE de Andalucía lleva más de dos años de recorrido. El PSOE se ha negado a constituir comisiones de investigación en el Parlamento de Andalucía. Esa política del avestruz, le ha llevado a un alto coste electoral en los tres últimos comicios celebrados en los pasados diez meses. Ahora, el PSOE se ve forzado, por su pacto de gobernanza a constituir con IU, a formalizarla. Pero ya es tarde. Casi todo se sabe y está en la calle. Ha perdido una gran oportunidad.

Incluso, no debió el PSOE haber esperado a que se lo exigiera la oposición desde el Parlamento, sino desde el primer momento haber creado una investigación a nivel interno de Partido y así haber depurado las responsabilidades políticas a que hubiera dado lugar, fueran quienes fuesen los que tuvieran que caer.

Es más, y ahora apuntando al inmediato futuro. El auto de la jueza no se para en Antonio Fernández -que ha entrado en la cárcel conservando el carnet del PSOE por expreso deseo de la direccciones socialistas gaditanas y regionales- sino que apunta más arriba, aparte del exConsejero, también de la misma materia, José Antonio Viera, a otros políticos superiores en jerarquía.

Se equivoca, por tanto, la consejera de Presidencia en funciones, Mar Moreno, cuando dice este mismo martes que el caso ERE forma parte del pasado. Puede, inclusive, hacer temblar los cimientos del Gobierno de coalición del PSOE-A con IU que se está en estos momentos cociendo.

Deberían preocupar, tanto a Griñán como al mismísimo Rubalcaba, que no se haya extirpado hasta la fecha todos los restos cancerígenos que proceden de los ERE, y no continuar como hasta ahora mirando para otro lado.

Habría de señalar, que, desde el conflictivo Congreso Extraordinario del PSOE federal celebrado el pasado febrero en Sevilla, Rubalcaba sigue dejando hacer, por su omisión, que el secretario general del PSOE-A a la vez que presidente en funciones de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, lleve a cabo, a nivel de partido e institucional, cuanto considere oportuno en esta Comunidad Autónoma. No se sabe si, a raiz de las novedades producidas en el caso ERE, esta actitud va a continuar.

En cuanto al oportunismo que ante el caso ERE sigue siendo gala Javier Arenas, lo retrata así mismo. Se perpetua también como opositor viendo sólo paja en viga ajena. No es ningún ejemplo. Siempre exculpó a los gürtelanos madrileños y valencianos, a su gran “amigo” Luis Bárcenas o al condenado alcalde del PP de Alhaurín el Grande. Tambien enmudece, cuando en Madrid o en Valencia, el PP se niega a constituir comisiones de investigación ante otros putrefactos affaires mololientes.

A su vez, el PSOE debe tener bien claro que no hay más encarcelados del caso ERE porque la jueza, en la programación procedimental que meticulosamente lleva a cabo, no quiere imputar a aforados porque tendría que ir el expediente judicial al Tribunal Supremo, y no quiere perderlo de sus manos. En este sentido, es de suponer que el acorralamiento hacía la cúspide responsable que creó estos fondos “irregulares” va a proseguir, y la próxima cita judicial es de prever que pudieran ser altos funcionarios de la Intervención General de la Junta de Andalucía, cuyo responsable político en gran parte del periodo investigado (abril 2000-marzo 2009) fue José Antonio Griñán, como vicepresidente y Consejero de Economía de la Junta de Andalucía.

En esta línea, la jueza califica de enorme gravedad el contenido del Informe de Cumplimiento de la Intervención General de la Junta, emitido en el año 2005, que pone a la luz las innumerables ilegalidades cometidas en las concesiones de esas millonarias ayudas públicas, con carencia de solicitudes, ausencia de control, de cumplimiento de las obligaciones legales por los favorecidos, con ignorancia del destino dado al dinero público, con compromisos de pagos superiores a los límites presupuestados…

A continuación, en el auto de la jueza se explicita que se seguirá la investigación judicial, centrada a partir de ahora sobre el por qué no se concluyó por la Intervención General de la Junta su tarea, con la emisión de un Informe de Actuación, una vez que rechazó la alegaciones que el IFA le puso a los reparos que previamente habían sido observados, y “si en dicha omisión pesó de alguna forma alguna orden o decisión política”. Más claro, agua.

Por todo lo anteror, considero que es un error, craso error, lo que han hecho este martes los cargos orgánicos y de representación del socialismo gaditano cerrando filas con Antonio Fernández. Parece un despropósito esta solidaridad política con un encarcelado por un auto procedente del poder judicial achacándolo a “la derecha reaccionaria”, como califica el trasnochado y torpe comunicado.

Con estas prácticas, como la emprendida por estos dirigentes socialistas gaditanos, es imposible que el PSOE recupere su credibilidad perdida, o dé señales de que es posible que emprenda una catarsis para la regeneración que necesita de cara a volver a gozar de confianza entre la ciudadanía, hecho que no llega a conseguir por más que esté tronando el cielo y la tierra ante los brutales recortes sociales que está imponiendo el PP. Ahí está la última encuesta del CIS, donde, tanto el PP como el PSOE, bajan, para confirmarlo.

No obstante, parece que aún quedan muchos dirigentes socialistas, acomodados en sus ya escasas poltronas o desconectados de la realidad, que no han aprendido de la primera derrota electoral que el PSOE ha tenido en Andalucía, aunque el PP no pueda gobernar ¿Qué más necesitan para que se produzca una rectificación?

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